Las pruebas son nulas porque la policía entró sin orden judicial ni permiso del inculpado en su casa
Mercè Molist
Uno de los mayores casos de "phreaking"
-usar el teléfono gratis para hacer llamadas de larga distancia,
saltar de una centralita a otra o conectarse a BBS’s- conocidos en España
se acaba de resolver a favor del acusado por la mala actuación policial
en su detención, hecho que destaca expresamente la sentencia.
Fue en la mañana del 21 de
enero de 1995, JMRS, 24 años y aficionado a la informática,
andaba en pijama por su casa cuando tres agentes de la Policía Nacional,
acompañados de un empleado de Telefónica, llamaron a su puerta:
"Eran unos chulos. Prácticamente nos empujaron a mi mujer y a mí.
Les pedí si tenían orden judicial y dijeron que no hacía
falta, se metieron a mirar los armarios y se nos llevaron a mí y
al vecino. Me encerraron con yonquis y delincuentes de verdad y me dijeron
que encerrarían también a mi mujer, si no lo reconocía".
Lo que JMRS debía reconocer
era que, entre abril de 1994 y febrero de 1995, alguien había defraudado
a Telefónica de España 19.721.668 pesetas, utilizando una
línea sólo para empleados de la compañía -el
par piloto que está en los terrados de los edificios-, desde la
que se hicieron conexiones de hasta más de una hora a Detroit, New
York, Desmoines, Ioha, Michigan, Maryland, etc. En aquellos tiempos, el
"phreaking" estaba en su apogeo en Estados Unidos, aunque en España
pocas personas lo practicaban.
"Vieron que tenía cuatro líneas
de teléfono y decidieron que tenía que ser yo", se queja
JMRS. La sentencia de su caso, dictada el pasado 7 de setiembre, declara
nulas las pruebas encontradas, por haberse producido una "vulneración
del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio", ya que ni el
inculpado dio su permiso para que los policías entraran, ni había
autorización judicial. Además, el propio juez destaca la
"actitud altiva" de los agentes y el hecho de que el acusado y su mujer
"resultaron engañados por éstos", porque no les avisaron
que les iban a registrar la casa.
Según Carlos Sánchez
Almeida, abogado de JMRS, "lo importante de esta sentencia es que, aunque
los cuerpos de seguridad no siempre actuan respetando los derechos garantizados
por la Constitución, es de agradecer que el tribunal haya restablecido
la legalidad, hecho muy importante en otros casos de pirateo -hacking,
phreaking, warez-, en que el delito se comete en casa y se vulneran derechos
fundamentales". Por suerte, añade: "La mayor parte de las veces
la policía lo hace bien, pero hay casos..."
AMENAZAS Y COACCIONES
Los diferentes tipos de pirateo informático
o telefónico tienen algo en común: se hacen desde casa. En
consecuencia, la policía debe entrar en los domicilios para investigar
y aquí empiezan los problemas. Lo destaca Sánchez Almeida:
"Muchos registros se hace sólo en base a la autorización
del acusado, sin asistencia del letrado". Al ser chicos jóvenes
-de entre 15 y 25 años-, pocos conocen sus derechos y a veces se
les amenaza para asustarlos.
Lo demuestran los textos de algunos
casos que aún están en el juzgado y a los que ha tenido acceso
Ciberp@is: "La policía le dijo que si les permitía la entrada
en el domicilio por las buenas para recoger el material o que si no lo
harían por las malas, (...) señalando que si no colaboraba
llevarían también a su novia a la comisaría".
Pero el caso más fuerte es
el de JMG, quien "durante los tres días que ha estado en los calabozos
de la comisaría se ha sentido en todo momento intimidado y vejado
por parte de los inspectores de policía. Que las vejaciones han
consistido en insultos, someterle a preguntas durante el día sin
presencia del letrado, con insultos y con amenazas de que si no hablaba
se iban a llevar por delante a su madre, hermana y a toda su familia, que
incluso en el día de hoy (...) uno de los policías le ha
empezado a dar palmadas en la espalda llamándole cabronazo (...)
y que a todo cerdo le llega su San Martín".